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Dulce Matuz

CONTRATACIÓN

BIOGRAFÍA

Originaria de la ciudad de Hermosillo, en Sonora (México), Matuz llegó a este país como muchos otros jóvenes indocumentados traída por sus padres cuando apenas tenía 15 años, terminó su escuela preparatoria y con muchos sacrificios siguió sus estudios en la Universidad Estatal de Arizona (ASU) donde se graduó de ingeniera. Comenzó a involucrase en la lucha por los derechos de los estudiantes indocumentados cuando en 2007 fue aprobada en Arizona la ley estatal 300 que obliga a los indocumentados a pagar colegiatura como extranjeros en colegios comunitarios y universidades estatales.

"Ese fue el primer ataque directo en contra de la comunidad inmigrante en Arizona. Nuestra colegiatura aumentó tres veces más de lo normal, de 2.500 dólares que pagaba por semestre, después tuve que pagar 8.500 por semestre", recordó la joven activista. Indicó que esta regulación puso fin a las becas provenientes de fondos públicos para los estudiantes indocumentados, algo que afectó a muchos jóvenes que no podían pagar sus estudios.

Aunque terminó una carrera, Matuz como muchos otros indocumentados no ha podido ejercer aún, algo que asegura al principio la llenaba de frustración. "Me sentía muy mal cuando la gente me preguntaba en dónde iba a trabajar cuando terminara mi carrera, pero aprendí que hay que enfrentar los problemas y salir adelante. La lucha por el Dream Act me ha permitido enfocar esa frustración en algo positivo", sostuvo.

El Dream Act, que regularía la situación de los inmigrantes jóvenes que entraron de niños al país y que quieran cursar estudios superiores o ingresar en las Fuerzas Armadas, fue aprobado en la Cámara de Representantes en 2007, pero no obtuvo los 60 votos en el Senado para su votación definitiva. En 2010 se intentó de nuevo su aprobación, con el mismo resultado.

"El Partido Republicano ha cambiado muchas veces su postura sobre el Dream Act. Esperamos que se den cuenta del poder que tenemos como comunidad", dijo la joven activista, una voz frecuente en protestas en Arizona contra políticos que se oponen a esta iniciativa federal. La activista reconoció que es una decisión difícil y muy personal de cada estudiante indocumentado involucrarse en la lucha por el Dream Act, pero considera que hay que unirse para luchar a favor de los derechos y la justicia.

Matuz, quien está casada con un ciudadano estadounidense, considera que aunque los indocumentados no tienen derecho al voto, sí tiene la posibilidad de influir en la opinión de aquellos que pueden votar. "Yo no podré votar, pero sí tengo una voz", finalizó.

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